La Justicia avaló la realización de audiencias públicas virtuales de la Legislatura porteña

Aprueban la realización de audiencias públicas virtuales de la Asamblea Legislativa

Aprueban la realización de audiencias públicas virtuales de la Asamblea Legislativa

La Sala de Apelaciones en Relaciones Administrativas, Fiscal y Litigio del Consumidor de la Justicia de Buenos Aires confirmó este martes la realización de audiencias públicas de manera virtual impulsadas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Buenos Aires.

El 11 de agosto se inició esta protección colectiva contra el legislador, con el fin de «interrumpir las audiencias públicas cuya finalización está pendiente y se realiza una nueva convocatoria «para que se hagan virtualmente o estén disponibles» acceso gratuito a Internet a los participantes que no tienen acceso a medios virtuales por falta de Internet o dispositivos informáticos «, entre otros.

El juez de primera instancia Roberto Gallardo accedió a la solicitud cautelar y ordenó «suspender la realización de las audiencias públicas virtuales convocadas».

Pero el legislador interpuso recurso de apelación y acción de nulidad contra la medida cautelar considerando, entre otras cosas, que «un tribunal no puede limitar el ejercicio por parte de los representantes del pueblo de las prerrogativas reconocidas en el orden constitucional», según sentencia publicada por el portal judicial, de la Justicia de Buenos Aires.

La legislatura local dijo que «los ciudadanos tenían plenamente garantizado el derecho a participar en audiencias públicas virtuales» y que «se había garantizado la participación ciudadana, incluso en persona, y a ningún ciudadano se le negaba la oportunidad de participar».

El fiscal destacó que «ningún vecino de la Ciudad se ha presentado para denunciar expresamente que no ha podido, no puede o no podrá ejercer su derecho a participar en las audiencias virtuales convocadas por la Asamblea Legislativa que se mencionan en la tesis de apertura «.

Los miembros de la cámara argumentaron por su parte que la medida de Gallardo «constituye una injerencia indebida del Poder Judicial en diversos trámites parlamentarios preparatorios que son fuente exclusiva del poder legislativo, en detrimento del principio republicano de reparto del poder».

Y señalaron que «el procedimiento que adopte el legislativo para la formación y promulgación de leyes puede ser revisado judicialmente una vez sancionadas y promulgadas las respectivas leyes, si se denuncia alguna infracción específica en relación con» un caso, causa o controversia legal. «Urgido por un partido legítimo».



Fuente: Telam | Ver noticia

Dejar un comentario